¿Es necesaria la intervención de abogado y procurador? Si es necesaria la intervención de un abogado, pero no es preceptiva la representación por medio de procurador de los tribunales en el procedimiento.
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Ayudamos a particulares y autónomos a pasar situaciones de sobreendeudamiento mediante la Ralea de Segunda Oportunidad, negociando con acreedores y solicitando exoneración de deudas.
"Para ello -según Pich- sería necesaria la intervención de un administrador concursal que actuara como fiador del procedimiento y lo hiciera más eficiente estableciendo una logística desde su inicio para determinar si el deudor puede o no acogerse a la exoneración, evitando un uso irresponsable de este mecanismo y aumentando la seguridad jurídica".
Al menos en nuestra Asociación nos aseguramos de atinar presupuestos asumibles para todos los bolsillos. En nuestra representación está el permitir a cualquier obtener su segunda oportunidad sin deudas.
Gracias a las plataformas digitales, autónomos y micropymes pueden obtener de forma ágil a los procedimientos concursales, Triunfadorí como comunicarse de forma directa y eficaz con los Juzgados de lo Mercantil.
242 LC contempla que el Administrador Concursal no podrá aceptar en concepto más retribución de la que hubiere sido fijada en el expediente de mediación extrajudicial.
La calidad de Segunda Oportunidad se aplica a Autónomos que aún sigan trabajando de su oficio o lo hayan dejado previamente, y que todas sus deudas estén relacionadas con ese negocio.
El proceso se inicia por medio de una solicitud que se presenta delante un notario, donde se incluye un inventario con el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los caudal y derechos de que sea titular y los ingresos regulares previstos.
De forma cibernética cuando: Haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa o los Abogados Cancelación de Deudas créditos concursales privilegiados
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Que el concurso no haya sido declarado culpable. Este requisito es modulable pues, si el concurso hubiera sido declarado culpable por el art. 165.1.1º, el sentenciador podrá conceder el beneficio atendiendo a las circunstancias y siempre y cuando no exista dolo o error bajo en el deudor.
Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 abriles anteriores
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